Trabajo de investigación realizado por Juan José García Varas, alumno de 5° de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Resulta pertinente comenzar éste trabajo determinando que es lo que se debe entender por “políticas públicas”. Esto es así porque sólo en la medida en que se tenga suficientemente delimitado aquél concepto, se podrá definir cuales son las políticas públicas implementadas en la experiencia comparada en favor de las Empresas de Menor Tamaño (en adelante EMT) que podrían implementarse en Chile.
La Doctora María del Pilar Hernández Martínez, investigadora y catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México define políticas públicas del siguiente modo:
"Políticas Públicas es el conjunto de directrices que se diseñan con el carácter de interrelacionadas y sucesivas, que se erigen en orientadoras de la actuación de los órganos del Estado, así como en la detección y/o solución de problemas de interés y relevancia social, articulando armónicamente la acción de la ciudadanía." [1]
Por su parte, y en atención al objetivo del presente trabajo, se puede definir políticas públicas como:
"Instrumento de trabajo mediante el cual se pretende alcanzar desde el Estado, en forma sistemática y coherente, ciertos objetivos de interés para el bienestar de toda la sociedad civil".[2]
Estas definiciones presentan la utilidad de que de ellas se puede desprender el objetivo central que debe buscar toda política pública, como es el bien común. Por ende para la consecución del bien común se necesitan diversas clases de políticas cuya implementación debe ser sucesiva e interrelacionada. Y su vez estas políticas necesitan de distintos instrumentos que permiten materializarlas e implementarlas, como por ejemplo: transformaciones estructurales, asignación de recursos, optimización de situaciones, etc. Por tanto, y como sabemos, las EMT contribuyen al fortalecimiento del bien común principalmente mediante la generación de la mayoría del empleo nacional, por lo que para que éstas continúen contribuyendo al bienestar social se deben elaborar por parte del Estado políticas públicas favorables a ellas mediante alguno de los instrumentos descritos anteriormente, políticas que en experiencias comparadas ya sean han materializado y han arrojado excelentes resultados.
Desde la perspectiva de las transformaciones estructurales en el aparato estatal y gubernamental, en Perú a partir de la década de los noventa del siglo recién pasado se comienzan a desarrollar los primeros esbozos de políticas públicas activas e instrumentos de promoción para el desarrollo de las EMT, así como la institucionalidad pública que les de el soporte requerido por las ellas. Expresión de éste nuevo entorno institucional son la creación del Fondo de Desarrollo de la Microempresa (FONDEMI) en 1992 y del Programa de Pequeña y Microempresa (PPME) en 1994, ambos en el Ministerio de Industria; y de otro lado la Comisión de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa (PROMPYME) en 1997, en el ámbito de la Presidencia del Consejo de Ministros. En el último quinquenio se estableció un nuevo marco regulatorio y se crea el Viceministerio del Empleo y la Micro y Pequeña Empresa; y la Dirección Nacional de la MYPE se traslada el Programa Bonopyme, y PROMPYME al ámbito del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Lo primordial en un sistema como el anterior es el otorgar a un solo órgano público las facultades para velar por la promoción y armonización de las políticas públicas en favor de las EMT, como el es caso de Perú con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. De éste modo se logra un sistema eficiente en el manejo de políticas dado que se reduce la burocracia estatal existente por regla general, y al ser un solo órgano encargado de velar por las políticas a favor de las EMT puede optimizar el uso de los recursos asignados para la obtención de dichos objetivos. Por lo demás será un órgano estatal experto lo que facilitará la materialización de sus objetivos. Concluyendo esta parte, puedo destacar que el fortalecimiento de la institucionalidad y la normativa al respecto es fundamental, y así se entendido hoy en nuestro país con la discusión parlamentaria del “Estatuto Pyme” que busca al menos crear las normas que faciliten el desenvolvimiento de las microempresas (artículo 1º del proyecto de ley enviado por el ejecutivo el 04 de enero de 2008).
También desde la perspectiva de las reformas estructurales en el aparato estatal, pero donde la asignación de recursos juega un papel no menor, resulta interesante la experiencia vivida en México con la creación de las “Incubadoras de Microempresas Tradicionales”. Si bien en nuestro país existen algunas, la experiencia mexicana es de larga data y ha arrojado interesantes resultados que han permitido su masificación. Debo precisar que las políticas públicas relacionadas con las incubadoras sólo se comienza a generar una vez que el Estado observa los excelentes resultados generados por éstas, todo lo anterior porque en sus orígenes estas instituciones no eran más que organizaciones no gubernamentales destinadas a brindar el apoyo necesario a las EMT. Las incubadoras lo que buscan es prestar a las EMT las asesorías que estas requieran, y a su vez entregar a los microempresarios la capacitación que les permitan desenvolverse en el rubro de su microempresa. Específicamente los servicios que estas incubadoras prestan son los siguientes:
1.- Capacitación,
2.- Asesoría de Expertos,
3.- Tutorías con alumnos de carreras profesionales,
4.- Vinculación a micro créditos,
5.- Vinculación a cadenas de distribución para la comercialización de bienes y servicios.
A su vez el proceso de incubación consta de distintas etapas interrelacionadas y sucesivas, a saber:
1.- Preincubación: En esta etapa recibe apoyo el microempresario que ya esta operando, como el emprendedor que desea comenzar a realizar una actividad empresarial. A ambos se les ofrecen cursos, guías y asesorías que les permiten identificar ideas de negocios y contar con una estrategia de desarrollo microempresarial. La duración de esta etapa es relativa y depende del caso particular de cada microempresario.
2.- Incubación: Una vez definido y aprobado el plan de negocios, y estando la microempresa totalmente constituida se da comienzo a esta etapa. Aquí se brinda la asesoría necesaria para que la EMT inicie su proceso de operación y desarrollo. La duración de esta etapa esta totalmente relacionada a la envergadura de los negocios que se desean realizar.
3.-Postincubación: Se busca la consolidación del microempresario y su EMT, para lo cual se realiza un diagnostico empresarial por parte de un organismo público o privado. En esta etapa el microempresario tiene dos opciones: 1) Graduarse, 2) entrar en un proceso de aceleración que le permita crecer y expandirse.[3]
Me pareció interesante tratar el tema de las incubadoras porque en cierto sentido nuestro curso clínico y el trabajo clínico conjunto con los alumnos de FEN constituyen una incubadora en un sentido más restringido. La diferencia está en los objetivos y principalmente en los instrumentos que emplean para obtenerlos, y en el apoyo estatal que reciben.
Por otra parte la conciencia sobre la importancia de las EMT ha llegado a tal límite de que los distintos países buscan elaborar políticas públicas conjuntas que les permitan fortalecer el funcionamiento de esa clase empresas. Un ejemplo de lo anterior es la “I Conferencia de Responsables Gubernamentales de Mipymes” que reunió a representantes de países de América Latina, del Caribe y de la Unión Europea. Esta conferencia se realizó en el mes de marzo del 2008 en Lima, Perú; y producto de su trabajo se redacto la “Declaración de Lima”, en donde se señalo que:
“Las MIPYMEs juegan un papel decisivo en las estrategias de la lucha contra la pobreza y la desigualdad y a favor de la inclusión social, el desarrollo económico y el avance tecnológico. Las políticas públicas de promoción y fortalecimiento de las MIPYMEs deben recibir un alto grado de prioridad, no sólo en el plano interno sino dentro de los programas de cooperación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. A fin de mejorar la calidad y efectividad de dichas políticas, debe establecerse una plataforma permanente euro-latinoamericano-caribeño de intercambios de información y buenas prácticas que tiene que institucionalizarse a través de una Conferencia Anual de Responsables Gubernamentales de MIPYMEs y de la determinación de un punto focal de contacto dentro de cada gobierno. La Conferencia discutirá cada año aspectos específicos de la política de MIPYMEs e intercambiará experiencias, y aprobará el plan de trabajo para el año siguiente, que incluirá la determinación de los datos y elementos de información que los gobiernos deben procurar obtener y procesar. Especial atención se debe prestar en mejorar el acceso de las MIPYMEs a las compras estatales y al acceso al crédito a través de los fondos de garantía. El Observatorio de las Relaciones Unión Europea - América Latina (OBREAL) es llamado a aportar su contribución a esta plataforma a fin de establecer mecanismos de cooperación entre iniciativas y programas vigentes a nivel internacional”.[4]
Nuestro país formó parte de esta conferencia y por lo mismo también participó en la elaboración de la “Declaración de Lima” por lo que la conciencia respecto de la importancia de la EMT existe. Como una consecuencia de esta conciencia es que el ejecutivo envió al Honorable Congreso Nacional un proyecto de ley conocido como “Estatuto Pyme”, cuerpo normativo que materializa esta conciencia y que es consistente con la “Declaración de Lima”. Como lo señala el mensaje del proyecto enviado al Congreso:
“Lo importante a reconocer es que en el ámbito del emprendimiento empresarial, la viabilidad de un negocio depende no sólo de las oportunidades que el mercado ofrezca, sino también de la legislación, las regulaciones y los requerimientos administrativos específicos que el Estado diseña e implementa para esas actividades.
Por todo lo anterior, es que se considera que el marco regulatorio es un factor importante en la competitividad y viabilidad de las empresas. No es difícil que la regulación se transforme en un obstáculo al emprendimiento y al desarrollo de una empresa: costos administrativos, barreras a la entrada o salida y/o problemas de competitividad derivados de la normativa pueden afectar significativamente el ciclo de vida de un negocio. Por ello es que al diseñar e implementar nuevas regulaciones, se deben tener en cuenta principios de costoefectividad que permitan fortalecer la capacidad emprendedora, de tal manera que los costo de la regulación no superen los beneficios derivados de ella y al mismo tiempo se cumpla su objetivo deseado […]”.
Esta nueva regulación es la concretización de políticas públicas elaboradas a partir de problemáticas sociales consideradas por la comunidad nacional como relevantes. Pero como el mismo mensaje reconoce la elaboración de normas relativas a las EMT no es un tema menor dado que una mala regulación impide e incluso desincentiva la aparición de nuevas microempresas en el mercado. Sin duda que éste trabajo del gobierno en la elaboración del “Estatuto Pyme” es un buen comienzo, pero ojala existan los recursos y los órganos institucionales que permitan aplicarla debidamente, y no se transforme en una mera declaración de principios.
Para terminar creo que nuestro país ha comenzado a tomar conciencia de la importancia que tienen las EMT en el desarrollo económico del mismo, principalmente mediante la generación de la gran mayoría del empleo nacional. No obstante mientras no existan los medios que permitan concretizar dicha conciencia, nada puede esperarse. Por eso es que la gran institucionalidad peruana relativa a las EMT y la centralización de su gestión en un sólo órgano; el sistema de fomento a la gestión y desarrollo de las EMT en México mediante las incubadoras y la elaboración de políticas públicas conjuntas entre los distintos países, son un ejemplo que nuestro país podría considerar e implementar de modo que en un futuro no muy lejano el “Estatuto Pyme” cuente con la infraestructura institucional y con los actores que permitan que esta Ley desprenda todo sus efecto de la mejor forma, y en definitiva no se transforme en un obstáculo para el emprendimiento de los microempresarios.
Bibliografía
1.-http://www.monografias.com/trabajos59/etica-politicas-publicas/etica-politicas-publicas.shtml [Consulta realizada el 10 de abril de 2009].
2.- http://prod44db.itesm.mx:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_
schema=PORTAL [Consulta realizada el 10 de abril de 2009]
3.- http://www.iberpymeonline.org/Documentos/DeclaracionLima.pdf [Consulta realizada el 10 de abril de 2009]
[1] http://www.monografias.com/trabajos59/etica-politicas-publicas/etica-politicas-publicas.shtml
[2] Ibidem.
[3]http://prod44db.itesm.mx:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
[4] http://www.iberpymeonline.org/Documentos/DeclaracionLima.pdf
La Doctora María del Pilar Hernández Martínez, investigadora y catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México define políticas públicas del siguiente modo:
"Políticas Públicas es el conjunto de directrices que se diseñan con el carácter de interrelacionadas y sucesivas, que se erigen en orientadoras de la actuación de los órganos del Estado, así como en la detección y/o solución de problemas de interés y relevancia social, articulando armónicamente la acción de la ciudadanía." [1]
Por su parte, y en atención al objetivo del presente trabajo, se puede definir políticas públicas como:
"Instrumento de trabajo mediante el cual se pretende alcanzar desde el Estado, en forma sistemática y coherente, ciertos objetivos de interés para el bienestar de toda la sociedad civil".[2]
Estas definiciones presentan la utilidad de que de ellas se puede desprender el objetivo central que debe buscar toda política pública, como es el bien común. Por ende para la consecución del bien común se necesitan diversas clases de políticas cuya implementación debe ser sucesiva e interrelacionada. Y su vez estas políticas necesitan de distintos instrumentos que permiten materializarlas e implementarlas, como por ejemplo: transformaciones estructurales, asignación de recursos, optimización de situaciones, etc. Por tanto, y como sabemos, las EMT contribuyen al fortalecimiento del bien común principalmente mediante la generación de la mayoría del empleo nacional, por lo que para que éstas continúen contribuyendo al bienestar social se deben elaborar por parte del Estado políticas públicas favorables a ellas mediante alguno de los instrumentos descritos anteriormente, políticas que en experiencias comparadas ya sean han materializado y han arrojado excelentes resultados.
Desde la perspectiva de las transformaciones estructurales en el aparato estatal y gubernamental, en Perú a partir de la década de los noventa del siglo recién pasado se comienzan a desarrollar los primeros esbozos de políticas públicas activas e instrumentos de promoción para el desarrollo de las EMT, así como la institucionalidad pública que les de el soporte requerido por las ellas. Expresión de éste nuevo entorno institucional son la creación del Fondo de Desarrollo de la Microempresa (FONDEMI) en 1992 y del Programa de Pequeña y Microempresa (PPME) en 1994, ambos en el Ministerio de Industria; y de otro lado la Comisión de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa (PROMPYME) en 1997, en el ámbito de la Presidencia del Consejo de Ministros. En el último quinquenio se estableció un nuevo marco regulatorio y se crea el Viceministerio del Empleo y la Micro y Pequeña Empresa; y la Dirección Nacional de la MYPE se traslada el Programa Bonopyme, y PROMPYME al ámbito del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Lo primordial en un sistema como el anterior es el otorgar a un solo órgano público las facultades para velar por la promoción y armonización de las políticas públicas en favor de las EMT, como el es caso de Perú con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. De éste modo se logra un sistema eficiente en el manejo de políticas dado que se reduce la burocracia estatal existente por regla general, y al ser un solo órgano encargado de velar por las políticas a favor de las EMT puede optimizar el uso de los recursos asignados para la obtención de dichos objetivos. Por lo demás será un órgano estatal experto lo que facilitará la materialización de sus objetivos. Concluyendo esta parte, puedo destacar que el fortalecimiento de la institucionalidad y la normativa al respecto es fundamental, y así se entendido hoy en nuestro país con la discusión parlamentaria del “Estatuto Pyme” que busca al menos crear las normas que faciliten el desenvolvimiento de las microempresas (artículo 1º del proyecto de ley enviado por el ejecutivo el 04 de enero de 2008).
También desde la perspectiva de las reformas estructurales en el aparato estatal, pero donde la asignación de recursos juega un papel no menor, resulta interesante la experiencia vivida en México con la creación de las “Incubadoras de Microempresas Tradicionales”. Si bien en nuestro país existen algunas, la experiencia mexicana es de larga data y ha arrojado interesantes resultados que han permitido su masificación. Debo precisar que las políticas públicas relacionadas con las incubadoras sólo se comienza a generar una vez que el Estado observa los excelentes resultados generados por éstas, todo lo anterior porque en sus orígenes estas instituciones no eran más que organizaciones no gubernamentales destinadas a brindar el apoyo necesario a las EMT. Las incubadoras lo que buscan es prestar a las EMT las asesorías que estas requieran, y a su vez entregar a los microempresarios la capacitación que les permitan desenvolverse en el rubro de su microempresa. Específicamente los servicios que estas incubadoras prestan son los siguientes:
1.- Capacitación,
2.- Asesoría de Expertos,
3.- Tutorías con alumnos de carreras profesionales,
4.- Vinculación a micro créditos,
5.- Vinculación a cadenas de distribución para la comercialización de bienes y servicios.
A su vez el proceso de incubación consta de distintas etapas interrelacionadas y sucesivas, a saber:
1.- Preincubación: En esta etapa recibe apoyo el microempresario que ya esta operando, como el emprendedor que desea comenzar a realizar una actividad empresarial. A ambos se les ofrecen cursos, guías y asesorías que les permiten identificar ideas de negocios y contar con una estrategia de desarrollo microempresarial. La duración de esta etapa es relativa y depende del caso particular de cada microempresario.
2.- Incubación: Una vez definido y aprobado el plan de negocios, y estando la microempresa totalmente constituida se da comienzo a esta etapa. Aquí se brinda la asesoría necesaria para que la EMT inicie su proceso de operación y desarrollo. La duración de esta etapa esta totalmente relacionada a la envergadura de los negocios que se desean realizar.
3.-Postincubación: Se busca la consolidación del microempresario y su EMT, para lo cual se realiza un diagnostico empresarial por parte de un organismo público o privado. En esta etapa el microempresario tiene dos opciones: 1) Graduarse, 2) entrar en un proceso de aceleración que le permita crecer y expandirse.[3]
Me pareció interesante tratar el tema de las incubadoras porque en cierto sentido nuestro curso clínico y el trabajo clínico conjunto con los alumnos de FEN constituyen una incubadora en un sentido más restringido. La diferencia está en los objetivos y principalmente en los instrumentos que emplean para obtenerlos, y en el apoyo estatal que reciben.
Por otra parte la conciencia sobre la importancia de las EMT ha llegado a tal límite de que los distintos países buscan elaborar políticas públicas conjuntas que les permitan fortalecer el funcionamiento de esa clase empresas. Un ejemplo de lo anterior es la “I Conferencia de Responsables Gubernamentales de Mipymes” que reunió a representantes de países de América Latina, del Caribe y de la Unión Europea. Esta conferencia se realizó en el mes de marzo del 2008 en Lima, Perú; y producto de su trabajo se redacto la “Declaración de Lima”, en donde se señalo que:
“Las MIPYMEs juegan un papel decisivo en las estrategias de la lucha contra la pobreza y la desigualdad y a favor de la inclusión social, el desarrollo económico y el avance tecnológico. Las políticas públicas de promoción y fortalecimiento de las MIPYMEs deben recibir un alto grado de prioridad, no sólo en el plano interno sino dentro de los programas de cooperación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. A fin de mejorar la calidad y efectividad de dichas políticas, debe establecerse una plataforma permanente euro-latinoamericano-caribeño de intercambios de información y buenas prácticas que tiene que institucionalizarse a través de una Conferencia Anual de Responsables Gubernamentales de MIPYMEs y de la determinación de un punto focal de contacto dentro de cada gobierno. La Conferencia discutirá cada año aspectos específicos de la política de MIPYMEs e intercambiará experiencias, y aprobará el plan de trabajo para el año siguiente, que incluirá la determinación de los datos y elementos de información que los gobiernos deben procurar obtener y procesar. Especial atención se debe prestar en mejorar el acceso de las MIPYMEs a las compras estatales y al acceso al crédito a través de los fondos de garantía. El Observatorio de las Relaciones Unión Europea - América Latina (OBREAL) es llamado a aportar su contribución a esta plataforma a fin de establecer mecanismos de cooperación entre iniciativas y programas vigentes a nivel internacional”.[4]
Nuestro país formó parte de esta conferencia y por lo mismo también participó en la elaboración de la “Declaración de Lima” por lo que la conciencia respecto de la importancia de la EMT existe. Como una consecuencia de esta conciencia es que el ejecutivo envió al Honorable Congreso Nacional un proyecto de ley conocido como “Estatuto Pyme”, cuerpo normativo que materializa esta conciencia y que es consistente con la “Declaración de Lima”. Como lo señala el mensaje del proyecto enviado al Congreso:
“Lo importante a reconocer es que en el ámbito del emprendimiento empresarial, la viabilidad de un negocio depende no sólo de las oportunidades que el mercado ofrezca, sino también de la legislación, las regulaciones y los requerimientos administrativos específicos que el Estado diseña e implementa para esas actividades.
Por todo lo anterior, es que se considera que el marco regulatorio es un factor importante en la competitividad y viabilidad de las empresas. No es difícil que la regulación se transforme en un obstáculo al emprendimiento y al desarrollo de una empresa: costos administrativos, barreras a la entrada o salida y/o problemas de competitividad derivados de la normativa pueden afectar significativamente el ciclo de vida de un negocio. Por ello es que al diseñar e implementar nuevas regulaciones, se deben tener en cuenta principios de costoefectividad que permitan fortalecer la capacidad emprendedora, de tal manera que los costo de la regulación no superen los beneficios derivados de ella y al mismo tiempo se cumpla su objetivo deseado […]”.
Esta nueva regulación es la concretización de políticas públicas elaboradas a partir de problemáticas sociales consideradas por la comunidad nacional como relevantes. Pero como el mismo mensaje reconoce la elaboración de normas relativas a las EMT no es un tema menor dado que una mala regulación impide e incluso desincentiva la aparición de nuevas microempresas en el mercado. Sin duda que éste trabajo del gobierno en la elaboración del “Estatuto Pyme” es un buen comienzo, pero ojala existan los recursos y los órganos institucionales que permitan aplicarla debidamente, y no se transforme en una mera declaración de principios.
Para terminar creo que nuestro país ha comenzado a tomar conciencia de la importancia que tienen las EMT en el desarrollo económico del mismo, principalmente mediante la generación de la gran mayoría del empleo nacional. No obstante mientras no existan los medios que permitan concretizar dicha conciencia, nada puede esperarse. Por eso es que la gran institucionalidad peruana relativa a las EMT y la centralización de su gestión en un sólo órgano; el sistema de fomento a la gestión y desarrollo de las EMT en México mediante las incubadoras y la elaboración de políticas públicas conjuntas entre los distintos países, son un ejemplo que nuestro país podría considerar e implementar de modo que en un futuro no muy lejano el “Estatuto Pyme” cuente con la infraestructura institucional y con los actores que permitan que esta Ley desprenda todo sus efecto de la mejor forma, y en definitiva no se transforme en un obstáculo para el emprendimiento de los microempresarios.
Bibliografía
1.-http://www.monografias.com/trabajos59/etica-politicas-publicas/etica-politicas-publicas.shtml [Consulta realizada el 10 de abril de 2009].
2.- http://prod44db.itesm.mx:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_
schema=PORTAL [Consulta realizada el 10 de abril de 2009]
3.- http://www.iberpymeonline.org/Documentos/DeclaracionLima.pdf [Consulta realizada el 10 de abril de 2009]
[1] http://www.monografias.com/trabajos59/etica-politicas-publicas/etica-politicas-publicas.shtml
[2] Ibidem.
[3]http://prod44db.itesm.mx:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
[4] http://www.iberpymeonline.org/Documentos/DeclaracionLima.pdf
8 comentarios:
Me pareció muy interesante la descripción de las "incubadoras" que existen en México, parece sin dudas una buena idea digna de ser imitada, sin embargo me provoca cierto recelo pues creo que nuestro país no esta preparado para aplicar tal medida, quizás recien despues que el llamado "estatuto PYME" este funcionando se pondría pensar en desarrollar políticas de mayor complejidad como la existente en México.
Es de esperar que en un futuro cercano este tipo de incentivos sean una realidad en nuestro país.
Desde el ámbito teórico creo que las políticas públicas son necesarias, tal como lo plantea Juan José tienen por finalidad fijar las metas de gestión de la autoridad y los instrumentos a través de los cuales se van a cumplir los objetivos. Una política pública eficiente va a permitir fijarles una pauta de trabajo a las autoridades y va a constituir una carta de triunfo para los ciudadanos, puesto que podrán ampararse en ellas para exigir al Estado las prestaciones comprometidas. Otro punto relevante es el de los instrumentos mediante los cuales se implementan las políticas, de caso contrario sólo estaríamos frente a meras declaraciones de principio. A su vez, considero que es esencial que las políticas públicas deban contar con un sistema de retroalimentación que permita ir mejorando sus deficiencias y complementándolas de acuerdo a las necesidades coetáneas.
En cuanto a lo práctico, estoy de acuerdo en la relevancia que mi compañero le da a la cooperación internacional, el trabajo da cuenta de que existen experiencias distintas en cada país, y los modelos podrían ser replicados en otros países adecuándolos a la cultura jurídica que les es propia. En este sentido, considero que deberían fomentarse las instancias internacionales en las que se intercambie información respecto a diversas alternativas de solución de los problemas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, sobre todo a nivel latinoamericano, debido a la similitud de las condiciones que enfrentan los microempresarios. La idea es reducir los costos en investigación y diseño de políticas mediante la replicación de los modelos exitosos.
Una propuesta interesante, y que ya ha sido discutida en la clínica, es la que plantea Perú, creando una institucionalidad encargada de la generación e implementación de las políticas públicas. La cual aplica el principio de “la ventanilla única” permitiendo generar economías de escala mediante la reducción de los costos, tanto en tiempo como en dinero invertido. Creo que esta es una política a seguir en Chile, donde la institucionalidad encargada de asistir a la microempresa no tiene una única cara visible. El mayor problema en estos casos es que los recursos suelen diluirse y no se les da una adecuada administración.
Además, el Estado debería considerar como un aporte relevante y una forma de disminuir sus costos, la asistencia que podrían brindarle las universidades. Replicando la experiencia de esta clínica a un nivel macro, lo que permitiría que todas las partes se vieran beneficiadas. El Estado disminuiría sus costos, los estudiantes tendrían un campo y los recursos para aplicar sus conocimientos y los empresarios la adecuada asesoría para su emprendimiento
Creo vque las políticas públicas son una herramienta indispensable al momento de incentivar el desarrollo de determinados objetivos. En nuestro caso, las EMT requieren de un apoyo tanto estatal como privado que les permita surgir y desarrollarse a fin de alcanzar niveles de producción mayores permitiendo así nivelar la competencia con el resto de las grandes empresas del país.
Comparar la situación chilena con experiencias de países tales como Perú y México puede resultar muy útil al momento de decidir que medios serán los necesarios para apoyar a las EMT.
Quizás la solición va por una legislacion más atractiva y eficáz como se espera que sea el "Estatuto Pyme" junto tambien con medidas que apoyen en la vida diaria a tantos microempresarios faltos de informacion y experiencia. Es por esto que no sólo se puede confiar el desarrollo al Estatuto sino que tambien debe trabajarse en conjunto con instituciones independientes como es el caso de Peru y así tambien con el buen ejemplo de Mexico, Incuvadoras que permitan educar, capacitar y guiar a los Microempresarios.
América Latina es un continente heterogéneo y las Pymes no están ajenas a esa realidad. Así lo constata el Foro Internacional de Políticas Públicas de Apoyo a la Pyme (Montevideo, 2004), que señala que el principal dilema que se plantean los hacedores y ejecutores de Políticas para las Pymes es justamente “¿Cómo llegar a un grupo tan heterogéneo?”. Sin embargo, lo cierto es que, sin perjuicio de las particularidades y características regionales, y hasta de las diferentes definiciones de Pymes en cada país, éstas presentan características y problemas similares; por lo mismo, es posible imitar las buenas políticas de un país vecino para mejorar las Pymes chilenas.
Antes de todo, debemos examinar qué buenas políticas públicas existen en Derecho Comparado. La Fundación para el Desarrollo Sostenible (FUNDES) señala que "En Latinoamérica hay tres países que se constituyen en ejemplo en cuanto al desarrollo de políticas Pyme: México en el norte; Chile en el sur y El Salvador en Centro América" (Desarrollo de la Mipyme, políticas de apoyo y CAFTA, 2008). En este caso quiero centrar mi comentario en México pues, si bien El Salvador ha potenciado el rol de las Pymes (Fondo de Asistencia Tecnica, FAT, por ejemplo), a mi juicio, es México el país que lleva la delantera en materia de políticas públicas en favor de las Pymes.
En México, las Pymes son casi la totalidad de las empresas del sector formal de la economía, pero se encuentran desfavorecidas debido a sus habilidades empresariales y a la falta de acceso al financiamiento. Por este motivo, en los últimos años, las políticas públicas han estado dirigidas a incrementar la eficiencia y competitividad del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, facilitando el acercamiento flexible para reducir las barreras a la actividad empresarial. Destacan:
1) SARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresas): Programa permanente, cuyo objetivo es el establecimiento e inicio de operaciones de nuevos negocios considerados de bajo riesgo para la salud y el medioambiente, facilitar su realización y promover su resolución ágil y expedita por medio de la coordinación de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) y la simplificación de trámites. El Sare busca que dichos negocios de bajo riesgo puedan establecerse e iniciar operaciones en un máximo de TRES días hábiles.
Si bien podríamos pensar que esta institución es igual al “Otorgamiento de permisos provisorios de Funcionamiento” que contempla el Estatuto Pyme, ello no es enteramente cierto pues éste ultimo sirve sólo a las empresas que por primera vez lo soliciten y cuyo capital declarado no exceda de tres mil unidades tributarias mensuales, mientras en México el Sare atiende al riesgo de la actividad a desarrollar, no al capital de la empresa. Por otro lado, en México se establece un plazo máximo de otorgamiento, en cambio, en Chile (quizás por nuestra incapacidad de cumplir con las fechas estipuladas) ello no ocurre.
A mi parecer, el Sare es una excelente alternativa para un país con excelente fiscalización y cuyos funcionarios públicos cumplan los plazos establecidos. Por tanto, esta política pública no podría, hoy, ser aplicada en Chile. Nos queda sólo mejorar nuestra institucionalidad para, algún día, aplicar el Sare.
2) FONDO DE FOMENTO A LA INTEGRACION DE CADENAS PRODUCTIVAS (FIDECAP): Se trata de un programa que busca elevar la competitividad de las Mipymes integrándolas a cadenas productivas. Fue creado por el Gobierno Federal con recursos provenientes del pago de impuestos.
El año 2005, el FIDECAP atendió a más de 70 mil empresas para el desarrollo de 220 proyectos productivos de impacto regional y/o sectorial.
En Chile, la exportación por parte de las Pymes es escasa. Sólo un 2,9% de las pequeñas empresas y un 7,9% de las medianas empresas exportan directamente mientras que un 12, 4% de las pequeñas empresas y 15,3% de las medianas empresas exportan indirectamente, es decir, son proveedoras de una empresa exportadora. Las pymes requieren de proyectos asociativos para exportar porque los pedidos o los tamaños de los embarques son imposibles de cumplir en forma individual; en este contexto se hace indispensable desarrollar programas que inserten a las pymes en cadenas productivas de exportación, de manera que formen parte y reciban también parte del valor que se genera en toda la cadena. El Fidecap es un excelente ejemplo a seguir en esta materia.
No obstante todo lo anterior, lo más importante que debemos tener presente es que, cualquiera sea la política que se implemente en nuestro país es imperioso que exista un seguimiento en cuanto a si ésta ha cumplido los fines para los que fue creada. No podemos tolerar que los programas implementados por el Gobierno sigan insertos en una institucionalidad con debilidades: falta de coordinación entre los organismos, falta de personal capacitado para realizar evaluaciones periódicas y problemas metodológicos que afectan la selección y evaluación de los proyectos.
Por lo tanto, más allá de preocuparnos de qué políticas implementar, debemos preocuparnos de que los organismos competentes velen para que el dinero que financió dichos proyectos, obtenido a través de los impuestos que pagamos todos, no sea desperdiciado en programas que no lo merecen sino que sea un real y efectivo aporte para el desarrollo de las Pymes.
Creo que si bien es cierto que nuestro país no se ha destacado por crear políticas públicas que vayan en pro del desarrollo de las empresas de menor tamaño,debiendo la mayoría de las veces los emprendedores partir con sus proyectos solos y con las pocas herramientas que tienen a la mano, no debemos desconocer el paso que se está dando y la creciente preocupación que existe al respecto, que por supuesto es resultado de los años de ezfuerzo y varios intentos por hacerse escuchar de los intresados. Esto queda de manifiesto con la aprobación del estatuto mipyme que toca varios puntos importantes que, por lo menos en teoría, deberían mejorar la situación de los emprendedores, por ejemplo, en cuanto plantea la introducción y fortalecimiento del concepto de fiscalización orientadora y no punitiva, ya que muchas veces las infracciones cometidas por los pequeños y medianos empresarios son consecuencia de la escasa información y la gran dificultad que refresenta para ellos el conseguir la asesoría necesaria o los medios para llevar a la práctica dicha asesiría. Por eso, con la aprobación de este proyecto surge la esperanza de que con la simplificación en los procedimientos, la agilización de los trámites y una fiscalización menos rígida el mundo de las empresas de menor tamaño siga aumentando y desarrollándose de una manera más justa y acorde a la realidad. No olvidemos que una de las formas de disminuir la pobreza y la mala distribución del ingreso consiste en permitir y darle posibilidades reales de desarrollo y éxito a estas empresas.
Como lo he venido comentando en los trabajos anterior, la falta de beneficios legislativos concretos son la principal fuente de obstaculos para que los pequeños empresarios se animen a formar EMT y en definitiva a emprender el rumbo de los negocios. La experiencia comparada demuestra que en nuestro pais las politicas publicas en favor de las EMT no son lo suficientemente concretas para entenderlas como un arma utilizable por parte de los pequeños empresarios. Me parecio increible el tema de las "Incubadoras", segun mi punto de vista es una politica directa, concreta y eficaz para el manejo y coordinacion del inicio, desarrollo y muerte de una EMT. Ademas de la experiencia mexicana, me produce interes el progreso de las politicas publicas del Peru pues a simple vista se entiende un interes primordial por el desenvolvimiento de las EMT.
En ambos paises se ha entendido que la forjacion de trabajo por partes de los pequeños empresarios es radical para el progreso de una nacion. Si no alimentamos la base del trabajo con politicas publicas favorables, es poco probable que un pais puede mejorar la calidad del trabajo en circunstancias que en vez de beneficiar se obstaculiza el nacimiento de EMT
Desde mi punto de vista las políticas públicas son necesarias para alcanzar el bien común, como también lo dice este trabajo.
Las experinecias en derecho comparado van más alla de latinoamerica, la Unión Europea tiene políticas públicas en esta materia dignas de imitar.
En todo caso, por muy buenas que sean las políticas públicas que se quieren implementar, estas trendrán un resultado incierto sin un marco regulatorio eficiente con referencia al ámbito de la economía que se busca fortalecer.
En nuestro país, no contamos aún con un marco regulatorio eficiente, lo que se podría ver contrastado con la aprobación del proyecto de ley en tramite sobre el Estatuto PYMES. Si este proyecto se llega a aprobar, creo que nuestro país estará en un mejor pie para empezar a implemetar políticas públicas.
Quisiera recalcar un punto que tocó Juan José. En Chile efectivamente se ha estado promoviendo la formación de incubadoras de negocios pero con base casi exclusivamente universitaria con financiamiento de la CORFO. No se trata del mismo modelo consolidado de México, claro está. Pero no debe mirarse en menos la asesoría y capacitación que pueda darse a los microempresarios y que nazca de las universidades, como nuestro programa clínico conjunto, puesto que en éstas existe un enorme capital intelectual y de investigación, tanto de alumnos como por parte de los docentes. Es aquí donde debería darse un verdadero incentivo representado por un mayor apoyo estatal a la labor que realizan las universidades en este asunto.
Las políticas públicas en Chile después de la crisis de 1982 no fueron las correctas ya se preocuparon mucho de la economía en general pero no de las PYMES en concreto. La elaboración de el Estatuto Mipyme indica un significativo progreso y las incubadoras con base universitaria importa un pequeño paso que, insisto, debiera pulirse y valorarse más.
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