Relación de la micro, pequeña y mediana empresa con sus grandes Clientes.

Viviana Diaz Arrepol, alumna de 5 º año de la Facultad de Derecho de la U de Chile y de la Clínica de Asesoría Jurídica para EMT. ( Resumen de Trabajo de investigación para publicación en Diario La Nación, Suplemento EMT)

Los pequeños proveedores señalan que el principal problema con que se encuentran para mantener una fluida participación comercial, es la relación que mantienen con los grandes clientes; esta dificultad se presenta principalmente por el poder negociador que representan los grandes compradores, por su poder de compra y por la posición que ocupan dentro del mercado, configurándose como el principal canal de distribución de los pequeños productores.

Estas dificultades surgen, principalmente, por la modificación unilateral de los plazos de pago, provocando un fuerte impacto en las EMT, por cuanto pierden liquidez y, correlativamente, ellas deben incumplir las obligaciones asumidas teniendo en vista créditos cuyo cumplimiento se retrasa en un tiempo considerable; esto vuelve a las pequeñas empresas vulnerables y no pocas desaparecen.

Como se trata de un problema prioritario para el desarrollo de las PYMEs, es que en este último tiempo se ha hecho frente, por ejemplo, por el acuerdo logrado entre la Fiscalía Nacional Económica y D&S, al que más tarde se unió de modo autónomo Falabella, precisamente con el fin de regularizar la situación de la modificación arbitraria de los plazos de los pagos de los grandes clientes.

El mismo compromiso ha asumido el Estado como gran comprador, en un primer paso, aún sin la finalidad de proteger a las PYMEs, con la apertura del portal “ChileCompras”, se ha transparentado el proceso de compras del Estado, así como permitir la competencia entre proveedores en pie de igualdad, y, a la vez ha resultado que las EMT han movilizado cerca del 30% de las adquisiciones estatales por esta vía; y, en cuanto al problema en el incumplimiento en los plazos de pago, en 2006 el gobierno dictó un decreto presidencial en que se ordenaba que los plazos para las compras públicas no podían superar los treinta días; además, se ha propuesto que las empresas estatales que no cumplan con los plazos fijados, deberían ir a DICOM o que en el mismo portal se informe acerca de la trayectoria de pago; por último, se ha sostenido que con la nueva ley de transparencia, la situación puede verse modificada, dando seguridad a los proveedores, quienes podrán solicitar a los entes públicos el estado de deuda que mantienen, abriendo una puerta para que los primeros conozcan el historial de pago de su socio comercial.

En resumen, no son pocas las medidas que se han tomado para proteger la fuerza productiva que significan las EMT, medidas cuyas iniciativas han surgido no sólo desde la óptica gubernamental, sino que también, desde el sector privado.